El Ministerio de Medio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene dificultades para ejercer control, inspección y vigilacia sobre la CAR, según se infiere, después de que un ciudadano desde hace más de un año elevó un derecho de petición con una queja en que documentó diferentes afectaciones en su finca. En su petitorio el vecino del municipio de Silvania solicitó explicaciones sobre la manera en que la CAR expidió autorización para la extraccón de materiales destinados al sector de la construcción. En algo más de doce meses el peticionario no obtuvo una respuesta esclarecedora. En idéntica situación se encuentran varios vecinos perjudicados.

Una actividad minera emprendida en la vereda Santa Isabel en Silvania ha ocasionado destrozo en los suelos vecinos. Lo anterior en medio del dilatado silencio de la CAR con el que los servidores públicos omiten explicar sus actuaciones a la comunidad damnificada y ante la máxima autoridad ambiental en Colombia.

Vecinos de la vereda Santa Isabel han tenido que sobrevivir con zozobra. Arrastre rocoso, derrumbes, coladas de lodo, destrucciones de la vía, acumulación de aguas residuales. Es la cotidianidad de individuos que exponen sus vidas y sus bienes. «Hace 8 años hubo un aguacero y de repente la montaña estalló. Se vino un pedazo de loma y luego esas piedras, una detrás de otra», dice Sandra Colmenares quien recuerda cómo la inundación de las casas siguió al estruendo.

Los niveles de precipitación durante los periodos de invierno, sobre lo que queda de Mina santa Isabel conlleva el rebosamiento de materiales y sedimentos que superan la capacidad de la red de alcantarillado. El ciudadano Rosendo Gutiérrez en queja elevada ante Ministerio de Ambiente describió:(...) «Se han sucedido deslizamientos con arrastre de material con efectos como rotura de ductos de alcantarilla y fracturas en el pavimento».

Como consecuencia de la actividad minera se presentaron deslizamientos, la acumulación de sedimentos y roca atascaron y desbordaron la red de drenaje. Esto conllevó a la destrucción de una construcción dedicada a cría de cerdos, según lo indicó el vecino de la mina santa Isabel, Luís Velásquez.

En la parte alta ha existido un depósito de agua el que al parecer se salió de límite por la acumulación de agentes residuales que descendieron por la pendiente.

Los vecinos indican también que ese nacimiento de agua fue rellenado en forma artificial. Estos efectos es posible establecerlos en desarrollo de una inspección. Al respecto la CAR pudo adelantar, haciendo uso de sus recursos legales, inspecciones y peritajes con apoyo técnico de universidades para evaluar con procedimientos de ciencia la magnitud y causa de los daños. La Comunidad desconoce si tales evaluaciones se hicieron.

La última noticia que se tuvo fue la de suspensión de actividades en Mina Santa Isabel mediante resolución Auto DRSU 0458 del 14 de marzo de 2017.

Después de un año la Corporación Autónoma Regional, no comunica sobre la forma en que desarrolló los procedimientos dirigidos a la expedición de la licencia ambiental para esa explotación. El organismo con funciones de cuidado y protección del medio ambiente no ha sustentado si se presentó estudio de impacto ambiental.

Ministerio de Ambiente tiene por mandato legal funciones de inspección y vigilancia a las Corporaciones Autónomas Regionales. Con las quejas y no conformidades la CAR Regional Sumapaz ha omitido el deber legal de dar respuesta al requerimiento de entregar la información al ente rector de la gestión del ambiente.

El agua proveniente el daño de un estanque que tenía significación para la vereda por cuanto se destinaría a la producción de mojarra. El emprendimiento piscícola generaría en su fase inicial dos puestos de trabajo, esto sin contar el aporte a la cadena productiva de la región. Rosendo Gutierrez en su queja ante Ministerio de Ambiente señaló: «El agua subterránea y las filtraciones hicieron ceder el terreno. Aparecieron fisuras en los muros que contendrían la crianza de peces.»

¿La CAR ha omitido sus facultades sancionatorias?

Frente a las quejas de propietarios por los perjuicios derivados de la explotación de materiales naturales en la Mina Santa Isabel, el Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental, Gustavo Adolfo Carrión, respondió que pese a los requerimientos por parte del Ministerio de Medio Ambiente a la Corporación Autónoma Regional para que allegue la documentación y dé las explicaciones frente a Mina Santa Isabel la solicitud no ha sido atendida. Ante esto, Gustavo Adolfo Carrión señaló que la situación será puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación.

La Comunidad de Vereda Santa Isabel en el municipio de Silvania insiste en llamados de atención por el descuido de las entidades ambientales frente a la protección integral de personas y de sus patrimonios.

Ley 1333 de 2009 es el marco legal que contempla las facultades sancionatorias en los casos de transgresiones de las normas ambientales. Los interrogantes que surgen en torno a este caso es si la CAR se limitó a suspender la actividad sin incentivar a la industria de materiales de construcción a restaurar el paisaje.

Luís Velásquez apunta que las inundaciones han afectado la vía en concesión san Miguel y, que en cualquier momento, la vulneración puede extenderse a la región si se bloquea la carretera, «esto con el conocimiento de todas las autoridades».

El mismo marco jurídico contempla los planes para la mitigación del riesgo. Los puntos de duda son varios: ¿Cómo obran los funcionarios de la CAR frente a normas que son parte de su deber legal?. ¿La CAR otorgó, en este caso, licencia ambiental sin prever planes de contingencia?. ¿Cómo obro dicha entidad ante las incidencias socioambientales en el territorio?. Las respuestas a estos interrogantes no las ha obtenido el Ministerio de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es lo que parece...

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