Los líderes ambientales han estado pendientes de la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento jurídico internacional con el que se legitima su actividad y se protege sus vidas. Colombia participó en todo el proceso de negociación y de adopción del texto durante la administración de Juan Manuel Santos. Desde entonces se esperó la firma del canciller para avanzar hacia su ratificación por parte del Congreso de la República. La Cancillería de Colombia declinó su validación.

De forma discreta, y enterando a pocas personas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que este país no suscribía el Acuerdo de Escazú. El canciller Holmes Trujillo omitió la convocatoria a rueda de prensa y los primeros interesados se sumieron en el desconcierto. Esto en medio de la proliferación de asesinatos y de impunidad reinante en los crímenes contra líderes sociales. El convenio multilateral procura fortalecer el concepto de Democracia Ambiental, creado por la Declaración de Rio de 1992, así es como el texto contempla la garantía de los derechos a la participación en los procesos de tomas de decisiones que comprometen el ambiente, a acceder a información ambiental y al acceso a la justicia en estos asuntos.

El documento final fue discutido y adoptado por veinticuatro paises el 4 de marzo de 2018, entre ellos Colombia. "El esfuerzo del Gobierno Nacional actualmente es enfocar todos los recursos en fortalecer la efectividad de la estructura normativa e institucional vigente", explicó Cancillería.

Lina Muñoz, quien hizo parte de las negociaciones del Acuerdo, se pronunció al respecto: "Es lamentable que Colombia no haya suscrito el Acuerdo de Escazú en la oportunidad que tuvo en la Asamblea de Naciones Unidas, teniendo en cuenta la dificil situación que enfrenta respecto de la proteccion de los líderes y líderesas que trabajan en la defensa del ambiente. Así mismo, considerando que Colombia es un país que afronta altísimos niveles de conflictividad ambiental. No entendemos desde la Academia y desde la Sociedad Civil, por qué no se avanza en el reconocimiento de hacerse parte y de comprometerse efectivamente con tareas más contundentes". "Necesitamos un liderazgo fuerte del Ministerio de Ambiente sobre el Acuerdo de Escazú. Este es un acuerdo que toca temas sensibles que deben ser discutidos con todos los actores sociales, incluidos los gremios y el sector privado". Había declarado la investigadora Lina Muñoz la semana anterior.

Protección de la vida de líderes y de lideresas ambientales

El asesinato de defensores ambientales en Colombia se ha estudiado por Global Wittnes, - ONG dedicada al estudio y a la denuncia internacional de los conflictos y al estudio de los fenómenos de corrupción relacionados con los recursos naturales-. Esa organización informó que durante 2018, se cometieron homicidios en Colombia, en contra de tres líderes que se opusieron al proyecto Hidroituango. Lina Muñoz señala que:"Colombia, según estudios de universidades europeas, es el segundo país con el mayor número de conflictos ambientales del mundo y uno de los lugares más peligrosos para ejercer el oficio de defensor del ambiente".

Nos falta adelantar una gran tarea sobre la situación de los defensores ambientales, las cifras de amenazas y de homicidios oficiales están muy dispersas y no están consolidadas. La Defensoría ha hecho unos esfuerzos, la Fiscalía ha hecho otros. Hay un trabajo por hacer que refleje lo que está pasando en los territorios. Según los informes, los líderes han sido criminalizados por diferentes actores - tanto en Colombia como en otros países - por actores estatales, actores para-estatales, y por empresas transnacionales - Explica Lina Muñoz - El país revela un extenso marco jurídico que no ha sido suficiente y los esfuerzos deben ser superiores, a fin de que disminuyan la conflictividad ambiental, y sobre todo, la implementación de estándares que protejan la vida de líderes y lideresas que trabajan temas ambientales".

Comunidades y Participación Ambiental

La investigadora coincide con organizaciones ambientales en el sentido de que existe legislación, pero que carece de detalle. En el derecho a la participación en asuntos ambientales, su aplicación está lejos de desarrollarse en manera ordenada. Como ejemplo, se refiere a las experiencias, en varios proyectos, en que ha observado que se omite la inclusión de las comunidades o que su intervención se hace con ligereza.

"En casos puntuales se consulta a los actores que pueden ser afectados, sólo por dar cumplimiento al requisito, o se deja de tener en cuenta a muchos otros actores interesados. Ciertos proyectos han pasado por todas sus etapas de aprobación sin que se haya adelantado un solo mecanismo de participación. No existe un protocolo para hacer efectiva la participación adecuada de las personas. Son necesarios estándares más avanzados que indiquen la manera en que se debe desarrollar esas reuniones", explica la jurista Muñoz.

"Nuestros países cuentan con sistemas nacionales ambientales, marcos jurídicos avanzados y no logramos implementarlos. No podemos llevar la Ley a los territorios". Entre tanto, la Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia a fin de garantizar la participación comunitaria. "Las comunidades tienen el derecho a ser escuchadas", ha dicho en reiteradas ocasiones el alto tribunal.

Colombia presenta el mayor número de conflictos ambientales del mundo. El país revela un extenso marco jurídico que no ha sido suficiente y los esfuerzos deben ser superiores, a fin de que disminuyan la conflictividad ambiental en el pais, y sobre todo, la implementación de estándares que protejan la vida de líderes y lideresas que trabajan temas ambientales". Manifestó Lina Muñoz.

La parsimonia por parte del gobierno colombiano en lo referente al Acuerdo de Escazú mantiene preocupados a los representantes de organizaciones ambientales. La respuesta oficial que siempre recibieron fue: "el Gobierno está adelantando consultas".

Una vez sea ratificado este tratado internacional, Colombia tiene la oportunidad de fortalecer su institucionalidad en los tres derechos en materia ambiental, y de profundizar sus compromisos, en acceso a la justicia, participación e información. Colombia ya ha reconocido la competencia de tribunales internacionales a través de otros instrumentos. Dicho convenio también otorga la posibilidad de que si una demanda no es atendida en el país de origen, los afectados podrán concurrir a la Corte Interamericana, entre otras instancias. Colombia vive dos realidades conflictivas; por una parte, las expectativas de crecimiento económico mediante la puesta en marcha de megaproyectos en industrias extractivas o hidroeléctricas, y por otra, la posición de organizaciones ambientalistas que propenden por la protección de los recursos naturales y por el respeto al derecho a un ambiente natural sano. Tales posturas que parecen irreconciliables han tenido controversias violentas. La suscripción de los acuerdos ofrece legitimidad a la presencia de los países en el concierto internacional y al tiempo genera deberes. De acuerdo a lo expresado por Lina Muñoz, estos también se convierten en compromisos de cumplimiento que están interrelacionados..

Ventajas para Colombia si se ratifica el Acuerdo de Escazú

La suscripción de los acuerdos ofrece legitimidad a la presencia de los países en el concierto internacional y al tiempo genera deberes. De acuerdo a lo expresado por Lina Muñoz estos también se convierten en requisitos de cumplimiento que están interrelacionados.

Los Estados que son parte de estos convenios, son observados en el ámbito internacional, esto incide en las valoraciones que se hagan de Colombia en la comunidades de naciones y en su reputación. Es así como el Acuerdo de Escazú se asocia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y también conecta con Acuerdo de París sobre cambio climático y su propósito de reducción del calentamiento global, y a su objetivo de disminución de emisiones. La incorporación nacional, en el evento de ratificarse el acuerdo, contribuiría en manera positiva a los informes que Colombia se ha comprometido a presentar en aquellos foros internacionales. Otras opiniones señalan que Colombia por ser miembro de OCDE, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que está enfocada en promover el bienestar social y la democracia plural, da sentido a las políticas del Gobierno colombiano para que suscriba el Acuerdo. Adicional a eso, en el marco regional, los países firmantes del Acuerdo de Escazú gozan de cooperación en materia de investigación, y pueden acceder a recursos. “Es importante ver que en este campo Colombia no está sola", concluye Lina Muñoz.