Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación, está ante una sociedad que tiene opiniones desfavorables acerca de las instituciones colombianas. Está al frente de un órgano de control que afronta la tarea desafiante de promover el desarrollo de la ética en el Estado, ahora y después del singular tiempo de La Pandemia.

El Virus, ha puesto en relieve a trabajadores del sector salud. El personal médico vive entre la retórica dedicada a los héroes; pero en el mismo tiempo, es víctima de las prácticas de abuso ejercidas por la función pública. El Procurador está ante autoridades maliciosas que en cabeza de alcaldes, gerentes, y oficinas de recursos humanos niegan con impunidad que esas multitudes de trabajadores que se desempeñan en sus instalaciones tengan vínculo laboral. Los Hospitales de Madrid, Mosquera, Cota y Funza, en Cundinamarca, por citar una ínfima parte, niegan que esos técnicos y científicos tengan vinculación laboral. Los líderes de recursos humanos desmienten que hombres y mujeres de servicios generales, quienes entran a laborar desde las siete de la mañana, sean trabajadores suyos. -Son meros contratistas- lo han escrito algunos de sus abogados astutos.

El Procurador General de la Nación sabe de este tipo de prácticas. Contratar bajo la modalidad de prestación de servicios para realizar funciones que implican subordinación, dedicación a tiempo completo, constituye una falta gravísima según el numeral 29 del art. 48 del Código Disciplinario.

Lo que sucede en contra el sector salud es el resumen de un trastorno ético que representa al "que es más vivo". La simulación que se hace con la utilización indiscriminada de la figura jurídica de Orden de Prestación de Servicios con el fin de desconocer el pago de prestaciones sociales, ofende; pero al tiempo, convoca a generar pensamiento acerca de cómo solucionar dentro de un principio de equidad, y en el ejercicio del autoanálisis que lleve a la Sociedad Colombiana a reivindicarse en sus principios.

Dos abogados de Universidad del Rosario: el decano de la Facultad de Jurisprudencia José Alberto Gaitán y el coordinador del Observatorio Laboral de dicha institución educativa, Iván Jaramillo, sintetizan con rigor académico, sus aportes frente a este vasto problema. Lo han hecho, sin juicios de valor, como voces perdurables que al tiempo que analizan la Ley, llaman a una conciencia nacional. Los dos académicos inspiran al Pais a ser recto.

Es el propio Estado, el que se salta la ley, son sus estadistas quienes burlan la jurisprudencia, son sus líderes locales quienes desautorizan los acuerdos internacionales sobre Trabajo Decente. Está en juego la moral pública, cuya destrucción la hacen nuestros elegidos.

El Procurador puede actuar de oficio. Al hacerlo fomentaría que quienes están desoyendo las sentencias de la Corte Suprema de Justicia como es la L 981 de 2019, comiencen a actuar en los límites de lo honrado. El alto tribunal manifiesta que los contratos por órdenes de prestación de servicio son ropajes para cubrir verdaderas relaciones laborales. Los magistrados suscitan en los jueces a que fallen en favor del principio constitucional de Primacía de la Realidad.

Es urgente la intervención del Procurador General de la Nación y que sea él quien determine, en concordancia con el Código Único Disciplinario, no solo la sanción, sino la reflexión. Es aquí donde el agente del Ministerio Público, con todo en su favor, hasta con el texto de ley que es unívoco, ponga fin a esta epidemia que se desata sobre millares de trabajadores que hoy están lisiados hasta en su Derecho de Asociación gracias a esta forma de ingenio nacional en sus relaciones laborales.

Está por verse, si el Procurador también está impedido porque la Institución a la que él sirve, se halla en la mismas faltas de contratar personal por Orden de Prestación de Servicios; pero puede ser, que aún así, Fernando Carrillo Floréz, ofrezca un modelo de comportamiento y ponga en pedestal la construcción de una Nación y de un Estado éticos.

Es posible que haga cumplir lo taxativo expresado en el Código Disciplinario y que la Procuraduría dé vigor a las sentencias que los gerentes de hospitales omiten. Son jurisprudencias que no están en las consideraciones de los alcaldes. Que Fernando Carrillo Flórez devuelva la majestad a los derechos, tendría el valor de una renaciente pedagogía para las nuevas generaciones. Él puede erigirse con los elementos propios de su idoneidad personal que como imagen pública ha construido.

Fortalecer el bienestar de los servidores de la salud, y a los trabajadores en general, es sacar a Colombia de la disfunción ética en que está hundida. Pero al mismo tiempo, si el Procurador se contradice, y no actúa, puede seguir siendo, para Colombia, un descomunal prevaricato por omisión del Ministerio Público...